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Estos territorios, en su afán de salvaguardar la soberanía y los derechos de sus ciudadanos, se niegan a entregar a cualquier individuo buscado por delitos cometidos fuera de sus fronteras.

Cada Estado tiene la potestad de instituir sus normas relativas a la extradición, por lo que puede permitirla, prohibirla o flexibilizarla en lo que respecta a sus nacionales o a los extranjeros que residan o estén de paso en su territorio. Tal y como recoge el bufete de abogados de Jesús Becerra, los tratados firmados con otros países aluden tanto a sí mismos como a las leyes de los Estados involucrados en el proceso de extradición (solicitante y solicitado) como marco regulador, para poder establecer una división de competencias entre normas internacionales y normas internas.

Esto puede tener implicaciones legales y de justicia internacional, pero no garantiza impunidad ya que existen otros mecanismos legales para perseguir y juzgar a los acusados.

La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los buscan.

Es read more importante tener en cuenta que los tratados de extradición establecen los procedimientos y requisitos específicos que deben cumplirse para la entrega de personas buscadas por la justicia.

En otros casos, los países pueden tener problemas políticos o diplomáticos que dificultan el establecimiento de acuerdos de extradición.

La pena de muerte es una de las principales exigencias a respetar por parte de las autoridades mexicanas, ya que cualquier solicitud de extradición deberá aprobar que no puede ser sentenciado de esta forma.

Además, España trabaja estrechamente con la Interpol para localizar y detener a personas acusadas o condenadas por delitos en España que se encuentran en países sin tratados de extradición.

A pesar de la ausencia de un acuerdo official de extradición, España puede realizar una solicitud de extradición sobre la base de la reciprocidad, las buenas prácticas internacionales o acogiéndose a las convenciones de las Naciones Unidas si ambos países son partes de dichos tratados.

Uno de los mecanismos más utilizados es la cooperación judicial internacional a través de órganos como Interpol, que permite la emisión de una orden de detención internacional (ODI) para la captura y entrega del individuo buscado.

En el caso de España, existen algunos países con los que no se ha firmado un acuerdo de extradición, lo que significa que, en teoría, no se puede solicitar la entrega de un individuo acusado de un delito cometido en España si se encuentra en uno de estos países.

Actualmente, México tiene acuerdos para la extradición de personas con al menos 31 países diferentes, la mayoría de ellos en América y Europa, un porcentaje que predomina en la mayoría de las naciones y con el que se han fraguado grandes detenciones y enjuiciamientos, tanto en territorio nacional como extranjero.

Algunos de los países que no cuentan con un acuerdo de extradición con España son: Cuba, China, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Esto significa que en caso de que una persona acusada de un delito en España se encuentre en alguno de estos países, las autoridades españolas no podrán solicitar su entrega y deberán recurrir a otras vías legales para poder llevar a cabo el proceso judicial.